La diputada Sigrid Segura Artavia presentó este jueves el proyecto de ley expediente 25.752 para regular los secretos de Estado y garantizar la transparencia pública.
La iniciativa del Frente Amplio busca evitar que el Poder Ejecutivo oculte información de interés público y compras del Estado.
«Es un proyecto para regular los secretos de Estado y resguardar la democracia, para darle seguridad y transparencia a la decisión del gobierno»
La propuesta establece plazos máximos de cinco años para la vigencia de la declaratoria, con posibilidad de una única prórroga por el mismo periodo.
De esta forma, el secreto de Estado no podrá exceder los diez años en total, según el texto presentado.
Controles y excepciones a la declaratoria
El proyecto exige que cualquier futura declaratoria deba consultarse obligatoriamente a la Procuraduría General de la República antes de su emisión.
Además, prohíbe de forma categórica que los montos de las compras públicas y los expedientes de contratación administrativa sean sujetos a secreto de Estado.
«Las compras públicas no deberían ser secreto de Estado, la plata de las y los costarricenses debe ser de escrutinio público y de acceso público porque es plata de todos»
La iniciativa también establece que en ningún caso podrá utilizarse la declaratoria para ocultar acciones que constituyan o faciliten violaciones a los derechos humanos.
Reforma al Código Penal y antecedentes
El texto habilita a las autoridades judiciales a ordenar la desclasificación inmediata de información si existen indicios de violaciones a garantías constitucionales.
Asimismo, reforma el Código Penal para que no sea punible revelar o investigar información clasificada si esta expone actos delictivos o violaciones a derechos humanos.
La Sala Constitucional ha advertido desde 2003, en casi una decena de resoluciones, que la omisión de legislar sobre este tema genera inseguridad jurídica.
El tribunal señaló que esta laguna legal propicia que el Poder Ejecutivo emita decretos para clasificar información de forma desarticulada y a su conveniencia.
Contexto del decreto de seguridad
La urgencia de la propuesta responde al decreto ejecutivo impulsado por la administración de Laura Fernández Delgado y el Ministerio de Seguridad Pública.
Ese decreto clasificó como confidencial la información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Fuerza Élite y las operaciones para proteger jerarcas.
El Gobierno extendió la opacidad a partidas presupuestarias y a prácticamente todas las etapas de contratación pública vinculadas a esas acciones de seguridad.
Es la primera vez en la historia de Costa Rica que se aplica un decreto de secreto de Estado de forma tan amplia, ya que históricamente se usó con carácter excepcional.
Sigrid Segura había advertido en el Plenario Legislativo sobre el riesgo de que la declaratoria se utilice para ocultar infiltraciones del crimen organizado o la adquisición de tecnologías de espionaje.
La diputada espera contar con el apoyo de la bancada de Pueblo Soberano, y confirmó el respaldo de Liberación Nacional, Agenda Ciudadana, el PUSC y el Frente Amplio.
