El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, presentó un proyecto de ley para exceptuar a las Juntas de Educación y a las Asociaciones de Desarrollo Comunal del uso obligatorio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La iniciativa, registrada bajo el expediente 25.732, modificaría la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) para flexibilizar los trámites de estas organizaciones.
El texto plantea un tratamiento distinto para cada tipo de organización, al considerar que tienen naturalezas jurídicas diferentes.
Cambios en el ámbito de aplicación
El proyecto adiciona disposiciones al artículo 1 de la Ley 9986, que regula el ámbito de aplicación de la normativa.
Para las Juntas de Educación, reguladas por la Ley 10.631, la propuesta establece que solo aplicarán la ley cuando el monto de la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario.
«Las Juntas de Educación reguladas en la Ley N.º 10631, Ley de Juntas de Educación, aplicarán la presente ley únicamente cuando el monto de la contratación supere el cincuenta por ciento (50%) del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario», señala el texto propuesto por Acosta Jaén.
Cuando no superen ese monto, deberán respetar el régimen de prohibiciones y los principios constitucionales y legales de la contratación pública.
En el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal, constituidas bajo la Ley 3859, el proyecto no modifica ese umbral del 50%, porque el régimen ya les aplica como sujetos de derecho privado cuando administran fondos públicos.
Excepción del uso de Sicop
La reforma añade cinco párrafos al artículo 16 de la Ley 9986 para exceptuar a ambas organizaciones del uso obligatorio del sistema digital para la promoción y tramitación de los procedimientos de contratación pública.
La iniciativa aclara que esa excepción no las exime del cumplimiento del resto de la ley.
Cuando a alguna de las dos organizaciones le corresponda aplicar integralmente la Ley 9986, deberá seguir respetando sus procedimientos, principios, prohibiciones, requisitos y demás obligaciones.
Lo que cambiaría es el medio utilizado para tramitar esas contrataciones, sustituyendo la plataforma digital por expedientes físicos o electrónicos.
Controles que se mantienen
Para sustituir parte de la trazabilidad que ofrece Sicop, el proyecto obliga a llevar un expediente físico o electrónico por cada contratación realizada fuera del sistema.
Ese expediente deberá contener, como mínimo, la necesidad que origina la contratación, el objeto contractual, la estimación y el monto contratado, la fuente de financiamiento, los oferentes considerados y el proveedor seleccionado con su justificación.
Además, exige garantizar la publicidad de la información básica de esas contrataciones para permitir el control ciudadano e institucional.
Un reglamento deberá establecer los medios, formatos, plazos y demás condiciones para cumplir con esa publicidad, así como para conservar y consultar los expedientes.
El proyecto le daría al Poder Ejecutivo seis meses desde la entrada en vigor de la ley para emitir ese reglamento, aunque aclara que la falta de reglamentación no impediría aplicar las nuevas disposiciones.
La reforma tampoco modificaría los regímenes de fiscalización existentes.
Las Juntas de Educación continuarían sujetas a la fiscalización ordinaria y extraordinaria del Ministerio de Educación Pública, la municipalidad competente, cualquier otra entidad de la que reciban recursos públicos y la Contraloría General de la República.
En el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) mantiene sus competencias de vigilancia, inspección y auditoría financiera.
Tras su presentación el 20 de agosto, el proyecto ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite correspondiente.
