La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió este martes la prohibición de ingresar teléfonos celulares y dispositivos digitales a las reuniones sostenidas por el Ejecutivo con representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, tras una pregunta formulada por nuestro medio durante una conferencia de prensa.
La medida generó cuestionamientos durante el encuentro con la prensa, donde se señaló que los dispositivos sí fueron permitidos a ministros y otros miembros del Ejecutivo, mientras que se restringieron para legisladores y jerarcas judiciales.
Protocolo de seguridad que viene desde el gobierno del PAC
La presidenta explicó que la restricción no es una decisión nueva ni exclusiva de la administración Chaves Robles, sino un protocolo de seguridad que se aplica en la Casa Presidencial desde administraciones anteriores.
Según indicó, la medida se implementó por primera vez durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana, y ha sido mantenida desde entonces como parte del estándar de seguridad del despacho presidencial.
«Intente estar en el despacho de algún presidente de otro país sin que le aplique un protocolo de revisión de seguridad», señaló Fernández, al comparar la práctica con los estándares internacionales de protección a mandatarios.
La presidenta recalcó que el protocolo se seguirá aplicando de manera consistente, sin importar quiénes sean los visitantes o en qué contexto se realice la reunión.
Las grabaciones secretas al presidente Chaves, detrás de la decisión
Sin embargo, Laura Fernández fue más allá del argumento técnico y ofreció una razón adicional de carácter político, directamente relacionada con episodios ocurridos durante la administración actual.
Hizo referencia expresa a una causa penal que el Poder Judicial y el fiscal Carlo Díaz abrieron contra el expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves Robles, vinculada a grabaciones realizadas en secreto durante reuniones internas que luego fueron editadas para ser usadas en su contra.
«El que se quema con leche hasta la cuajada sola, y aquí tuvimos un caso donde el Poder Judicial y Carlo Díaz le abrió una causa penal y luego un intento de levantamiento de la inmunidad del presidente Chaves, por gente que lo estaba grabando en secreto en reuniones y que después cortaron y pegaron pedazos para montarle una causa penal», sentenció la presidenta.
La referencia apunta a un proceso que derivó además en un intento de levantamiento de fueros ante la Asamblea Legislativa contra Rodrigo Chaves Robles, uno de los episodios más polémicos de la administración en curso.
Justificación y continuidad del protocolo
Al momento de responder la pregunta sobre el criterio jurídico específico que sustenta la medida, Fernández no citó una norma concreta, pero encuadró la restricción dentro de los protocolos generales de seguridad de la presidencia, vigentes desde al menos 2018.
Ante la consulta de por qué sí se permitieron dispositivos a ministros, la presidenta no amplió una distinción técnica detallada, pero subrayó que el protocolo se aplica «como corresponde» en la institución.
«Los protocolos existen y yo lo voy a seguir aplicando como corresponde aquí en la Casa Presidencial», afirmó Fernández.
La declaración deja en evidencia que el Ejecutivo asume de forma explícita la restricción como una respuesta directa a lo que considera un uso indebido de grabaciones privadas para construir casos penales contra Rodrigo Chaves.
