La Corte Plena del Poder Judicial, integrada por las 22 magistradas y magistrados, acordó por mayoría realizar un recorte de ¢13.242.080 millones al presupuesto en ejecución para 2026.
La decisión, tomada este lunes 29 de junio, responde a la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.
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No obstante, la institución advirtió que esta reducción tendrá consecuencias en la prestación de servicios y en iniciativas dirigidas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la agilización de procesos judiciales.
Recorte afecta recursos para OIJ y Ministerio Público
Del monto total recortado, ¢8.687.877 millones corresponden a recursos aprobados por la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior para fortalecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Esos fondos estaban destinados a la creación de nuevas plazas y la apertura de dos subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas, así como una oficina policial en Puerto Jiménez, zonas estratégicas por su ubicación.
Sin embargo, aunque esos recursos fueron incorporados al presupuesto del Poder Judicial, Hacienda no autorizó ejecutarlos y además fueron eliminados del presupuesto de 2027 por dicha cartera.
El monto restante del recorte corresponde a remanentes producto del tipo de cambio del dólar, contrataciones sin ofertas y reprogramación de proyectos de construcción.
Poder Judicial advierte sobre impacto en servicios esenciales
El Poder Judicial reiteró que los recursos asignados a la administración de justicia son fundamentales para garantizar la atención de la ciudadanía y la protección de los derechos de las personas.
La institución señaló que esos fondos han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas.
Asimismo, se enfatizó que este constituye el mayor esfuerzo de ajuste que la institución puede realizar sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales.
Una reducción adicional obligaría a tomar medidas más drásticas con impacto directo sobre la atención que reciben las personas usuarias, advirtió el Poder Judicial.
Ejecución presupuestaria del 97% en 2025
La institución destacó su sólida ejecución presupuestaria: en 2025 alcanzó un 97%, mientras que en 2024 y 2023 registró un 96% y un 95%, respectivamente.
Estos resultados evidencian una gestión eficiente de los recursos públicos y un firme compromiso con el cumplimiento de las medidas de disciplina fiscal establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.
Corte rechaza recorte de ¢26.549 millones para 2027
Con relación a la solicitud de rebajo de ¢26.549 millones al anteproyecto del presupuesto para el año 2027, la Corte, por mayoría, acordó rechazar el reajuste.
La decisión se fundamentó en el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas.
El Poder Judicial —integrado por juezas y jueces, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Corte Suprema de Justicia y las dependencias administrativas— reafirmó su compromiso con Costa Rica y con la ciudadanía.
Pese a las limitaciones presupuestarias, la institución continuará trabajando para combatir el crimen organizado, resolver los conflictos que llegan a los tribunales, defender los derechos de las personas y garantizar el acceso a la justicia.
