El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, presentó un recurso de revocatoria y nulidad contra el oficio del Ministerio de Hacienda que ordena un recorte de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para lo que resta de 2026.
La Corte Plena autorizó a Aguirre realizar acciones legales y administrativas para impedir la medida, que se tramitaría mediante un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.
Según la institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) absorbería la mayor parte de la reducción, con ¢9.536,3 millones menos, lo que impactaría investigaciones y operaciones contra el crimen organizado.
Aguirre impugnó la competencia del ministro Rodrigo Chaves para realizar el ajuste técnico y advirtió que, de mantenerse la posición de Hacienda, corresponde a la presidenta Laura Fernández dirimir el conflicto conforme al artículo 177 de la Constitución.
La Corte sostiene que ya realizó un esfuerzo previo de contención por ¢13.221 millones y que el recorte adicional propuesto genera insuficiencias en múltiples subpartidas presupuestarias.
Preocupación por impacto en el OIJ
Magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal general Carlo Díaz expresaron preocupación por el efecto en la persecución penal y advirtieron sobre posibles consecuencias en la lucha contra el crimen organizado.
El recorte afectaría directamente las capacidades operativas del OIJ, que depende del presupuesto del Poder Judicial para financiar sus investigaciones.
La reducción de ¢9.536,3 millones implicaría una disminución significativa en los recursos destinados a labores de inteligencia y seguimiento de casos de alta complejidad.
El recurso presentado por Orlando Aguirre cuestiona la facultad del ministro Rodrigo Chaves para ordenar el ajuste sin pasar por los mecanismos constitucionales establecidos.
La Corte argumenta que el recorte adicional, sumado al esfuerzo de contención ya realizado, dejaría al Poder Judicial sin capacidad para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
De mantenerse la posición de Hacienda, el conflicto deberá ser resuelto por la presidenta Laura Fernández, quien tendría la última palabra conforme al artículo 177 de la Constitución Política.
