Guevara: «Están obligando a las personas a pagar una pensión que no van a recibir»

San José, 28 de agosto (acontecer.co.cr)  El proyecto de ley de empleo público fue presentado por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado para bajar el gasto público y poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa tuvo fuertes discusiones en la Asamblea Legislativa y en sectores sindicales, que catalogaron la medida como invasiva para la autonomía de instituciones públicas. El exdiputado Otto Guevara, nos hablará sobre el futuro del proyecto, su viabilidad, su opinión y alternativas a este polémico proyecto de ley.

¿Cuál es su opinión personal sobre el proyecto de ley de empleo público?

—El sistema de remuneración de los empleados públicos en Costa Rica, está totalmente fragmentado. Hay catorce regímenes de empleo público en el país, además, el orden únicamente favorece a ciertos grupos de funcionarios que durante muchísimos años han recibido una remuneración muy superior a otros que están en una escala laboral parecida, o bien, tienen los mismos atestados académicos.

“En el sector público hay muchas diferencias entre lo que gana un empleado a otro, un ejemplo es el salario de un conserje en el Ministerio de Educación Pública a un oficial de seguridad en la UCR, RECOPE o JAPDEVA, hay disparidades a lo interno de los entes públicos, y las diferencias son más abismales comparándolas con el sector privado. Cuando fui diputado publiqué la lista de salarios de empleados públicos, lo que llevó a la propuesta de reformar el empleo público.”

¿Qué pasará tras el fallo de la Sala IV?

—La Sala Constitucional le encontró 32 inconstitucionalidades a la iniciativa de ley, la más importante de todas, la pretensión del ejecutivo, de que el Ministerio de Planificación fuera el encargado de empleo público, definiendo salarios, límites y otros, fue catalogada como una intromisión de poderes, ya que el poder ejecutivo no puede tener competencia en fijar salarios del Poder judicial, y Tribunal Supremo de Elecciones.

“Tras el “cañonazo” que le mandó la Sala Constitucional al proyecto de empleo público, cinco diputados se encargarán de reformarlo. Mi opinión, es que es muy necesario arreglar la gran cantidad de regímenes en el sector público, pero con la sentencia de la Sala Constitucional es muy difícil modificar el proyecto, tomando en cuenta que estamos a cinco meses de las elecciones y posiblemente varios partidos se intentarán congraciar con los empleados públicos, tocará hasta 2022.»

¿Cómo estabilizar el régimen de salarios en el Poder Judicial?

—Es necesario estabilizar el servicio civil, debería haber un mismo régimen de salarios en el sector público, independientemente del poder o si es autónoma, en la resolución de la Sala Constitucional hay algunas pistas para ponerle un freno a esta situación.

“Considero que hay un enorme vacío en el proyecto que aprobaron los diputados, en el tema del salario global, ¿Cómo se determina?, pasa igual con el salario de mercado, ¿por quién se realiza ese estudio?, nunca se definió ese valor, y se le dejó esa competencia al Ministerio de Planificación. Se dio el salario promedio únicamente en el sector público, sin incluir al privado, lo que genera que el salario global sea superior al del empleado que labora en el sector privado”.

“Esto provocaría que hubiera un excedente en gasto público apenas aprobando la ley, ya que a las nuevas personas contratadas se les subiría el salario, por lo que comenté anteriormente, es necesario eliminar los pluses salariales adquiridos, ya que crearía un impacto inmediato en las finanzas públicas”.

¿Eliminar pluses o anualidades no generaría problemas con la Sala Constitucional?

—La Sala ha dicho sobre el tema de ciertos pluses salariales que no son derecho adquirido, por ello la administración puede eliminarlos sin ningún problema, por ejemplo, con la dedicación exclusiva se hace un contrato por 1 año, se le da un 15 o un 30 % de su salario, al vencimiento de ese contrato se puede eliminar ese plus salarial, y ya con eso se tendría un ahorro importante.

¿Cómo eliminar las “pensiones de lujo” en el Poder Judicial?

—Este es un tema que llevaré a la Asamblea Legislativa, me parece que vamos a tener que reformar la Constitución Política, hay que establecerle un parámetro, lo que considera pensión (un cargo al presupuesto), los magistrados de la Sala Constitucional no entienden el concepto de pensiones, por el concepto económico.

Hay una pregunta que las personas tienen que responderse ¿cómo se calcula el monto de una pensión?

“En los países donde existen sistemas de pensiones razonables, las personas que generan un ahorro en su vida productiva, se les ofrecen varios tipos de pensión, por ejemplo, una vitalicia de tal monto hasta fallecer. El monto de la pensión se determina de los ahorros de su vida laboral y la cantidad aportada. Si la persona no cotizó lo suficiente para ganar tal pensión debemos quitársela, no se puede obligar a los demás a pagárselas, por ello es urgente reformar el IVM,  que ahora mismo es una gran estafa”.

“Están obligando a las personas a pagar una pensión que no van a recibir, es un sistema Ponzi, ya que los trabajadores independientes muchas veces no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social, y además no van a haber suficientes cotizantes para un futuro.”

¿Usted pedirá un referéndum para modificar la Constitución Política?

—No, prefiero que convoquemos una lista de reformas a la Constitución como se ha hecho en las últimas décadas. En mi opinión es necesario reformar límites al gasto, incumplimientos de la regla fiscal, modificar los parámetros de lo que es una pensión, además eliminar los monopolios públicos del artículo 46.

¿Apoyaría pasar a un modelo parlamentario o semi parlamentario?

—En el pasado estuve de acuerdo en las posibilidades de migrar a un sistema más parlamentario, eso supondría hacer una pequeña modificación en la Constitución, las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa tendrían que hacer un acuerdo para nombrar un primer ministro, habría elecciones anticipadas, se crearía más control entre los poderes de la República, no lo apoyo ni lo rechazo, pero, tendríamos que ver ejemplos de países parecidos al nuestro.

¿Usted cree que era necesario presentar el proyecto del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

—Según el ejecutivo era fundamental presentar eso para tranquilizar los mercados internacionales, donde se colocan títulos de deuda costarricense, eso crea tranquilidad en personas que observan las finanzas públicas, el desequilibrio en para este año es de 11.000 millones de dólares, aunque el FMI dará los 1.750 millones en varios tractos.

”El Gobierno para pagar el préstamo con el Fondo Monetario, se comprometió a cumplir la regla fiscal, aunque era ley desde diciembre del año 2018, además de mejorar los ingresos a través más impuestos, donde vienen cuatro nuevos tipos, por ejemplo, incrementar rentas de capital, a bienes inmuebles, la renta dual, a loterías, pero en reducción de planilla no hay avance, y muchas entidades públicas siguen gastando a manos llenas,  y no hay compromiso para reducir el gasto”.

“Hay más soluciones, como explotar recursos naturales, vender activos, fusionar instituciones públicas, tercerizar servicios, hay que dinamizar la economía, ya que si tenemos una economía más dinámica se tendrá más ingreso, además es urgente renegociar la deuda pública. La administración (Alvarado Quesada), esta ceñida mediante razones ideológicas a continuar con lo mismo, lo que genera más evasión, contrabando, subfacturación, entre otros.”

La entrevista completa en vídeo será publicada en los próximos días.