El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que acudirá a la vía penal contra el fiscal general, Carlo Díaz, por la forma en que se han gestionado diversos casos relacionados con el intento de ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación a centros penitenciarios.
De acuerdo con el jerarca, la denuncia se fundamenta en un posible incumplimiento de deberes, al considerar que estas conductas deben ser tramitadas como delitos y no únicamente mediante procedimientos administrativos.
90 casos detectados desde abril de 2025
Cifras del Ministerio de Justicia señalan que, hasta inicios de junio de 2026, se han detectado alrededor de 90 casos de personas que intentaron introducir celulares, chips o equipos similares en las cárceles del país.
Las autoridades detallan que gran parte de estos intentos se ha identificado a través de paquetes enviados a privados de libertad, aunque también se han registrado situaciones durante visitas de distinta índole, incluyendo generales, íntimas y legales.
Uno de los hechos más recientes ocurrió en la provincia de Limón, donde un hombre fue interceptado cuando, presuntamente, intentaba ingresar varios teléfonos celulares y chips a un centro penitenciario.
La reforma al Código Penal que respalda la denuncia
Gabriel Aguilar sostiene que, tras la reforma al artículo 257 del Código Penal, vigente desde abril de 2025, estas acciones están tipificadas como delito y deben castigarse con penas de prisión.
Sin embargo, cuestiona que en múltiples ocasiones no se haya seguido la vía penal, lo que —según su criterio— limita la aplicación efectiva de la ley.
Desde el Ministerio insisten en que el uso de estos dispositivos dentro de las cárceles facilita la comisión de delitos, por lo que consideran urgente reforzar tanto la vigilancia como las sanciones.
Medidas adicionales para fortalecer controles
Gabriel Aguilar adelantó que también se impulsarán medidas para fortalecer los controles y asegurar que estos casos sean perseguidos conforme a la legislación vigente.
El ministro de Justicia y Paz subrayó que la persecución penal de quienes intentan introducir dispositivos a las cárceles es indispensable para cortar los vínculos de comunicación que los privados de libertad mantienen con estructuras criminales en el exterior.
