La diputada y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presentó este martes una denuncia formal ante la Inspección Judicial contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, por presunto adelanto de criterio, incumplimiento de deberes y violación a los principios de objetividad e imparcialidad en el denominado «Caso Barrenador».
La gestión se centra en declaraciones públicas que el fiscal general Carlo Díaz Sánchez realizó el 23 de septiembre de 2024, en las que afirmó la existencia de supuestos sobreprecios en contratos de EBAIS.
Según la denuncia, esas afirmaciones se hicieron sin que existieran peritajes técnicos concluyentes ni elementos probatorios definitivos que las respaldaran, lo que a criterio de Marta Eugenia Esquivel configura un adelanto de criterio incompatible con los deberes del cargo.
Comisión legislativa descartó sobreprecios
La denuncia también cita los resultados del Informe de Mayoría de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, el cual concluyó que no se acreditó la existencia de sobreprecios en el proceso licitatorio cuestionado.
Ese hallazgo, según sostiene Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, refuerza los señalamientos de que el fiscal general Carlo Díaz Sánchez se pronunció públicamente sobre un hecho que la propia investigación legislativa no logró demostrar.
Solicitud de procedimiento disciplinario y penal
La gestión presentada ante la Inspección Judicial solicita la apertura de un procedimiento administrativo-disciplinario y, eventualmente, penal contra el jerarca del Ministerio Público.
El objetivo, según se expone en la denuncia, es determinar si Carlo Díaz Sánchez incurrió en actuaciones incompatibles con los deberes de su cargo al emitir valoraciones públicas sobre un proceso investigativo en curso.
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez fue directamente a la esencia del reclamo al referirse al papel que debe cumplir la Fiscalía General ante la ciudadanía.
«La justicia no puede convertirse en un espectáculo mediático ni en un veredicto anticipado. En Costa Rica nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia con objetividad, prudencia y absoluto respeto al debido proceso»
