La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, advirtió de forma contundente que el Ejecutivo convocará a un referéndum para impulsar reformas estructurales al Poder Judicial si estas no logran abrirse paso en la Asamblea Legislativa.
El anuncio se produjo al término de una reunión en Casa Presidencial con las máximas autoridades judiciales del país, donde la agenda de seguridad dejó varios puntos sin consenso.
Tres acuerdos, pero también tres temas sin resolver
La reunión reunió a Laura Fernández Delgado junto a los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial.
Del encuentro emergieron tres acuerdos concretos, entre ellos la coordinación entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para fiscalizar las liberaciones anticipadas de reclusos, así como dos puntos de anuencia.
Sin embargo, la negociación encalló sin consenso en otros tres temas clave de la agenda de seguridad, lo que dejó en evidencia la distancia que persiste entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales en materias centrales para el Gobierno.
Ante ese resultado parcial, Laura Fernández Delgado no descartó recurrir directamente a la ciudadanía para destrabar los cambios legales en materia penal.
El referéndum como alternativa definitiva del Ejecutivo
La mandataria planteó la consulta popular como el mecanismo de último recurso en caso de que el Congreso también bloqueara las propuestas de reforma al sistema judicial.
Laura Fernández Delgado dejó en claro que el financiamiento no será un obstáculo para llevar esas reformas a las urnas.
«El dinero no es un impedimento»
Según detalló la presidenta, esos fondos provienen del ahorro generado por su partido durante la pasada campaña electoral.
Laura Fernández Delgado precisó que ese capital alcanza para financiar al menos un par de consultas populares, con lo que buscó desactivar los cuestionamientos sobre el costo financiero de una eventual votación ciudadana.
Presión simultánea sobre la Asamblea y el Judicial
Con este anuncio, Laura Fernández Delgado tensó de forma simultánea su relación con dos poderes del Estado: el Legislativo, al que advirtió que sus votos no serán el filtro definitivo de las reformas, y el Judicial, con el que no logró cerrar un acuerdo integral en la reunión.
La estrategia del Ejecutivo apunta a mantener abierta la vía del referéndum como señal de presión política, al tiempo que continúa buscando acuerdos institucionales para las reformas en materia penal y de seguridad.
Laura Fernández Delgado dejó establecido que el Gobierno está dispuesto a llevar el debate directamente a la ciudadanía si los canales institucionales no producen los resultados que el Ejecutivo considera necesarios para mejorar la seguridad del país.
