La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, ordenó que todos los ministros y directores de los cuerpos policiales del país se sometan a una prueba de polígrafo como parte de una estrategia para erradicar cualquier vínculo con el crimen organizado y la corrupción dentro del Gobierno.
Laura Fernández Delgado anunció la medida en una declaración pública en la que subrayó que el proceso de contratación del servicio ya está en marcha.
«Todos los directores que están aquí, repito, se van a hacer una prueba de polígrafo, los ministros también. Y en esa prueba se va a aplicar un cuestionario de crimen organizado y narcotráfico»
Laura Fernández Delgado precisó que su administración ya está evaluando opciones para contratar el servicio en el menor plazo posible.
La mandataria recordó que este tipo de prueba no es nueva para su círculo más cercano: ella misma se sometió a un polígrafo antes de asumir su candidatura a la presidencia, y sus candidatos a vicepresidentes también lo hicieron.
Lealtad e integridad desde la cima del Gobierno
Laura Fernández Delgado enmarcó la decisión como una exigencia de integridad que debe comenzar por quienes encabezan el aparato estatal, desde la Presidencia de la República hasta los mandos de cada cuerpo policial.
«La lealtad y la dignidad de todos nuestros cuerpos policiales comienza por los que estamos al frente, desde la presidencia de la República hasta todos los directores de la policía de sus diferentes cuerpos»
Con esa declaración, Laura Fernández Delgado dejó claro que la medida no aplica de forma selectiva, sino que alcanza a la totalidad de los funcionarios de alto rango de su administración sin excepción.
Laura Fernández Delgado fue enfática al señalar que su Gobierno no tolerará el más mínimo contacto con redes criminales.
«Yo no voy a tolerar el menor tufito de crimen organizado y corrupción»
La orden representa una de las medidas más directas que el actual Ejecutivo ha anunciado en materia de integridad institucional, en un contexto en que el combate al narcotráfico y la infiltración del crimen organizado en el Estado figuran entre las principales preocupaciones de la agenda de seguridad del país.
