La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó una crítica directa al Poder Judicial al revelar que jueces de la República tardan hasta dos meses en autorizar allanamientos en casos donde ya existen pruebas documentadas de venta de droga.
La mandataria calificó esa demora como inaceptable y fijó su propio estándar de lo que debería ser la respuesta judicial ante ese tipo de evidencia.
«¿Cómo es posible que un juez de la República tarde hasta dos meses en autorizar un allanamiento para la Policía de Control de Drogas en una vivienda donde existen pruebas de que se está vendiendo droga?»
El señalamiento de Laura Fernández apunta a una brecha operativa concreta: los cuerpos policiales identifican los puntos de venta y reúnen la evidencia, pero quedan paralizados a la espera de una autorización judicial que puede extenderse semanas o incluso meses.
Laura Fernández exige máximo de dos días para autorizar allanamientos
La presidenta fue contundente al definir cuál debería ser el plazo máximo de respuesta cuando hay pruebas claras de actividad delictiva relacionada con el narcotráfico.
«Si hay pruebas de que en un lugar se está vendiendo droga, lo máximo que debería tardar la autorización de un allanamiento son dos días»
La postura de Laura Fernández no se quedó en una declaración pública. La mandataria reveló que trasladó el tema directamente a la vicepresidenta del Poder Judicial, en una reunión orientada a encontrar soluciones concretas a estas demoras.
Al convertir el señalamiento en una gestión formal ante la cúpula judicial, Laura Fernández obligó a esa institución a responder sobre los tiempos de tramitación de este tipo de autorizaciones.
Presión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial en materia de narcotráfico
El cuestionamiento de Laura Fernández representa una presión directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en materia de agilidad procesal para combatir el narcotráfico.
Laura Fernández, segunda mujer en ejercer la Presidencia de Costa Rica y jefa de Estado desde 2026 al frente del Partido Pueblo Soberano, dejó claro que no descarta continuar impulsando cambios en el procedimiento.
La presidenta remarcó que la demora de dos meses en casos con pruebas ya documentadas constituye, en sus propias palabras, una situación que no puede sostenerse en el marco de la lucha contra las drogas.
