La diputada del Frente Amplio por Cartago, Joselyn Sáenz, sentenció este lunes que el proyecto de armonización eléctrica en discusión en la Asamblea Legislativa es «la ley del apagón y el tarifazo», y anunció que su fracción se opondrá de frente a la iniciativa.
Joselyn Sáenz argumentó que el proyecto concentra tres amenazas concretas: un alza inevitable en las tarifas eléctricas, el debilitamiento operativo del Instituto Costarricense de Electricidad y un mayor riesgo de apagones prolongados en el país.
Tarifas y exportación: los primeros blancos del proyecto
Joselyn Sáenz detalló que la propuesta abre múltiples portillos para encarecer el servicio eléctrico, incluyendo la creación de un nuevo canon que recaería sobre la ciudadanía.
Advirtió, además, que la iniciativa eliminaría la capacidad del ICE para exportar energía, un mecanismo clave que hoy permite reducir las tarifas durante el segundo semestre de cada año.
«El proyecto tiene grandes riesgos para la seguridad nacional: habilita espacios para aumentar las tarifas con un canon y elimina la potestad del ICE para exportar, lo que hoy le permite reducir la tarifa en los segundos semestres del año»
Joselyn Sáenz subrayó que esa combinación de factores haría el costo del servicio insostenible para las familias costarricenses, en un contexto donde la economía de los hogares ya enfrenta presiones.
«El cerebro del ICE se desarticula»
Sobre la estructura operativa de la institución, Joselyn Sáenz fue contundente: el proyecto desmantela el núcleo de toma de decisiones del ICE y deja la puerta abierta para que empresas privadas asuman funciones de distribución que hoy gestiona el Estado.
«El cerebro de operaciones del ICE se desarticula»
La legisladora advirtió que trasladar esas responsabilidades al sector privado elevaría la probabilidad de fallas técnicas con consecuencias graves para el suministro nacional.
«Eso incrementa la posibilidad de errores humanos y de apagones que podrían tardar horas o incluso días en recuperarse en el país»
Por esas razones, Joselyn Sáenz sostuvo que la iniciativa compromete simultáneamente la seguridad nacional, el acceso estable a la electricidad y la economía doméstica de los costarricenses.
Movimiento social como señal de alarma ciudadana
Joselyn Sáenz también se refirió a la movilización que ha surgido en rechazo al proyecto y la interpretó como un termómetro del malestar económico que viven las familias del país.
«Creo que eso refleja que a la gente le preocupa que las condiciones económicas en el país no están estables para las familias y eso hace que reaccionen ante un proyecto como este»
La diputada valoró positivamente la convergencia de distintos sectores sociales en torno a una misma causa, y lo calificó como un avance en la capacidad organizativa de la sociedad civil costarricense.
