Un recurso de hábeas corpus fue presentado ante la Sala Constitucional tras la detención de un hombre señalado por el Gobierno como presuntamente vinculado al grupo Hamás en Costa Rica.
La acción fue interpuesta por el defensor de derechos humanos Janekeith Orliden Durán Barberena, quien conversó en exclusiva con Acontecer.co.cr y explicó que el objetivo es verificar que la actuación del Estado se esté realizando con apego a la Constitución y a los derechos fundamentales.
“Lo que busca es que la Sala Constitucional ejerza su función de control y verifique aspectos básicos que hasta el momento no están claros públicamente”, señaló.
El recurso surge luego de que la presidenta Laura Fernández anunciara la captura de un hombre durante un operativo ejecutado por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI), indicando que tendría vínculos con Hamás, organización catalogada como terrorista por varios países.
Sin embargo, Durán cuestiona la falta de información oficial sobre el caso.
“No se conoce con precisión la situación jurídica de la persona detenida, las condiciones en que se encuentra, si ha tenido acceso efectivo a defensa legal o si ha podido comunicarse con familiares”, advirtió.
En el documento presentado ante la Sala IV también se señala que existe incertidumbre sobre la identidad completa del detenido, su ubicación y los fundamentos jurídicos específicos de la detención.
Además, Durán sostiene que la amplia difusión del caso podría estar afectando derechos como la presunción de inocencia y la dignidad de la persona.
El recurso también pone en duda la base normativa utilizada por el Estado para actuar en este caso, particularmente en relación con la reciente decisión del Poder Ejecutivo de catalogar a Hamás como organización terrorista.
Según explicó, desde abril solicitó información a la Cancillería sobre el acto administrativo que respalda dicha declaratoria, sin obtener una respuesta completa.
“Existe una falta de transparencia sobre el instrumento jurídico específico que sirve de fundamento para esta decisión del Gobierno”, afirmó.
El defensor añadió que, debido a la gravedad de las acusaciones, el control constitucional debe ser aún más riguroso.
“En una democracia los derechos fundamentales no dependen de la nacionalidad, la religión o el origen étnico de una persona”, enfatizó.
El hábeas corpus solicita a la Sala Constitucional requerir información inmediata a las autoridades sobre las condiciones de detención, garantizar el acceso a defensa técnica y comunicación con familiares, así como evitar cualquier deportación sin control judicial previo.
El caso se da en medio de un contexto de alta sensibilidad internacional y debate interno, luego de que el Gobierno asegurara que no cederá en su lucha por la seguridad nacional y anunciara que el detenido permanecerá bajo custodia mientras se coordina su eventual deportación.
