• La diputada Rosaura Méndez acudió a la Sala Constitucional para exigir el giro de más de ¢11.500 millones destinados a la educación superior
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La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez Gamboa, presentó este jueves un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del Ministerio de Hacienda, debido a la negativa de la institución de girar los recursos asignados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Según Méndez, la retención de los fondos aprobados en 2024 por la Asamblea Legislativa, que ascienden a más de ¢11.500 millones (equivalentes al 2% del FEES), no tiene justificación razonable y afecta directamente a la educación superior en el país.
«Es inaceptable la postura del Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo de no querer girar los recursos del FEES, los cuales son sumamente necesarios para el buen ejercicio de la educación superior», expresó la legisladora.
Méndez advirtió que esta situación impacta no solo en el pago de planillas universitarias, sino también en becas estudiantiles, programas de extensión e investigación, y el desarrollo de nuevas carreras en áreas clave como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).
«Más del 50% de los estudiantes reciben algún tipo de beca, y más del 80% de la investigación científica nacional proviene de estas instituciones», señaló, citando datos del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
La legisladora argumentó que la retención de estos fondos por parte del Ejecutivo representa una violación al derecho a la educación, protegido en el artículo 1 de la Ley Fundamental de la Educación (Ley N.º 2160).
«El Ejecutivo está violando un derecho fundamental que establece la Carta Magna. Por eso, hoy acudo a la Sala Constitucional con el propósito de que se respete el derecho de miles de jóvenes que, gracias a la universidad pública, tienen posibilidades de un mejor futuro», afirmó Méndez.
El recurso de amparo presentado por Méndez solicita a la Sala Constitucional ordenar al Ministerio de Hacienda el desembolso inmediato de los fondos, garantizando así el funcionamiento de las universidades públicas y la continuidad de sus programas académicos, de investigación y de acción social.
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