La Defensoría de los Habitantes condenó las actuaciones del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, durante un operativo en la cárcel de Puntarenas en el que varios privados de libertad fueron expuestos públicamente y se anunció su traslado al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).
El pronunciamiento se produjo tras la difusión de un video publicado el 29 de septiembre en las redes sociales del Ministerio de Justicia bajo el título «Los Jachudos van directo al CACCO».
En las imágenes, Gabriel Aguilar Vargas se dirige a los internos y les advierte sobre las consecuencias de su comportamiento dentro del centro penal.
«Por jugar de ser los jachudos de estos dormitorios, hoy mismo se van para alta contención y después para el Cacco»
La Defensoría manifestó su preocupación por la forma en que fueron tratados y expuestos los privados de libertad. La institución señaló que las actuaciones observadas constituyen una vulneración directa de la dignidad humana.
Además, cuestionó expresiones y conductas que calificó como arbitrarias y humillantes.
Defensoría exige valoración técnica previa para traslados
La institución advirtió que los cambios de régimen penitenciario y los traslados a espacios de alta contención deben contar con una valoración técnica y jurídica previa.
En ese sentido, cuestionó que este tipo de medidas se anuncien directamente durante un operativo, sin que medie el procedimiento establecido.
«Las actuaciones observadas en el video vulneran la dignidad humana de las personas privadas de libertad»
El pronunciamiento también reprochó la exposición pública y el lenguaje utilizado contra los internos durante el operativo.
Ministerio de Justicia responde a la Defensoría
El Ministerio de Justicia y Paz respondió que los criterios y recomendaciones de la Defensoría no son vinculantes.
El caso se produce mientras el Ministerio impulsa el fortalecimiento de los espacios de alta contención y la puesta en funcionamiento del CACCO, un centro destinado a albergar a personas privadas de libertad consideradas de alto riesgo.
El episodio abrió un nuevo debate sobre la forma en que las autoridades penitenciarias deben enfrentar el control de las cárceles y, al mismo tiempo, garantizar el respeto a los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad.
