La Asamblea Legislativa aprobó este 13 de octubre, en primer debate y por unanimidad de 51 votos, una reforma a la Ley General de Policía que obliga al Estado a contratar una póliza para cubrir los gastos de representación legal y la responsabilidad patrimonial de los funcionarios policiales.
La cobertura aplicará cuando los oficiales sean denunciados o demandados por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
El nuevo inciso k) del artículo 79 establece que el Estado suscribirá el seguro para responder en vías contencioso-administrativa, civil o penal, así como para financiar la representación legal de los agentes.
La protección alcanza únicamente las actuaciones que sean consecuencia directa del ejercicio de funciones policiales propiamente dichas, incluidas labores conexas y preparatorias.
Límites y exclusiones de la cobertura
La póliza cubrirá hasta 50 salarios base por responsabilidad patrimonial y 25 salarios base para gastos de representación legal.
Los límites combinados anuales y el deducible se fijarán según criterios actuariales.
Quedan excluidos de la cobertura los casos en que el funcionario actúe bajo efectos de alcohol o drogas ilícitas, se aparte de los protocolos institucionales o incurra en conductas contrarias al ordenamiento jurídico.
También se excluyen delitos sexuales, tratos crueles y violaciones a derechos humanos.
El expediente 25.311 fue presentado originalmente por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2025.
La iniciativa surgió tras una advertencia de la Contraloría General de la República sobre la falta de habilitación legal para financiar este tipo de seguros.
Diputados de distintas fracciones, incluido el Frente Amplio, destacaron el trabajo realizado en comisión para incorporar observaciones de entidades como el Instituto Nacional de Seguros y la Procuraduría General de la República.
La reforma requiere aprobación en segundo debate y la sanción presidencial para convertirse en ley.
