El abogado y excandidato presidencial Boris Molina Acevedo aseguró que el rechazo de la Sala Constitucional a la acción presentada por el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, no significa que el tema haya sido resuelto en el fondo ni que no pueda volver a plantearse.
La gestión buscaba impedir que Costa Rica continúe recibiendo migrantes enviados desde Estados Unidos, en el marco de acuerdos internacionales suscritos por el gobierno.
Según explicó Boris Molina Acevedo, lo ocurrido fue un «rechazo de plano», una figura jurídica que implica que el tribunal no entra a analizar el contenido del recurso.
Qué significa el rechazo de plano según Boris Molina Acevedo
Boris Molina Acevedo explicó que una acción de inconstitucionalidad exige demostrar con claridad la contradicción entre una norma, conducta o práctica y la Constitución Política o el derecho internacional de los derechos humanos.
«Cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, esta debe demostrar claramente que existe una contradicción entre una norma, conducta o práctica y la Constitución Política o el derecho internacional de los derechos humanos. Si eso no se logra, la Sala rechaza el recurso sin estudiar el fondo»
Boris Molina Acevedo agregó que este tipo de rechazo responde a problemas de forma en la presentación del recurso, como falta de fundamentación adecuada o errores en su planteamiento jurídico.
«En estos casos, la Sala básicamente le indica al proponente que puede corregir la gestión y volver a presentarla, siempre que cumpla con los requisitos necesarios»
El trasfondo: migrantes, acuerdos y el compromiso de Rodrigo Chaves
El recurso del PLN se da en medio de cuestionamientos a un compromiso firmado por el entonces presidente Rodrigo Chaves Robles con autoridades de Estados Unidos en Miami, en el que se abordaron acciones conjuntas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, incluyendo medidas relacionadas con flujos migratorios.
La puerta sigue abierta para una nueva acción
Boris Molina Acevedo fue enfático en que, hasta ahora, no existe un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de estas decisiones.
«Definitivamente no es una resolución de fondo. Si se presenta correctamente y se logra demostrar el vínculo con una eventual violación constitucional o de derechos humanos, el caso podría volver a ser conocido por la Sala Constitucional»
El criterio abre la puerta a que el tema continúe en discusión jurídica y política en Costa Rica, en medio del debate sobre la política migratoria y los acuerdos internacionales.
