El plenario legislativo dio luz verde este lunes, en primer debate, al proyecto de ley que suprime el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y establece en su lugar la Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas (ANAPP), organismo que tendría a su cargo la gestión y fiscalización de proyectos de infraestructura pública desarrollados con participación del sector privado.
La votación arrojó 47 votos a favor. Los siete diputados del Frente Amplio se pronunciaron en contra.
A pesar del resultado, el expediente no pasará directamente al segundo debate. La Asamblea acordó devolverlo a comisión para que se incorporen modificaciones y se atiendan las observaciones formuladas por diversas instituciones y sectores interesados.
Un nuevo modelo para la infraestructura pública
La iniciativa pretende reemplazar el actual régimen de concesiones con un modelo de alianzas público-privadas (APP), bajo el cual compañías privadas podrían asumir el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de obras públicas como carreteras, puertos y hospitales.
Según el texto, la ANAPP contaría con autonomía administrativa y patrimonio propio, con la posibilidad de incorporar personal técnico al margen del régimen del Servicio Civil. La nueva entidad también asumiría los funcionarios y activos que actualmente pertenecen al CNC.
El proyecto contempla contratos con una vigencia de entre 5 y 50 años y restringe las adendas —ajustes posteriores a los contratos originales— a un tope del 20% del valor o del plazo acordado. También abre la posibilidad de que empresas privadas propongan proyectos al Estado, aunque en todo caso deberán someterse a procesos de licitación pública.
El PLN apoya el cambio pero exige ajustes
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, el diputado Álvaro Ramírez, manifestó su apoyo a la propuesta y sostuvo que el país enfrenta una necesidad impostergable de renovar su esquema de concesiones.
«El CNC no funciona», afirmó Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, para fundamentar su posición a favor de migrar hacia un modelo de alianzas público-privadas que reactive el desarrollo de infraestructura en el país.
Pese a ello, Álvaro Ramírez dejó claro que el proyecto aún debe ser perfeccionado para asegurar su transparencia y efectividad. Con ese argumento, respaldó la decisión de retornar el expediente a comisión, donde deberán incorporarse las recomendaciones de la Contraloría General de la República, MIDEPLAN y los Servicios Técnicos de la Asamblea.
Frente Amplio alerta sobre riesgos de corrupción
La legisladora del Frente Amplio Vianey Mora rechazó el proyecto mediante su voto en contra y alertó sobre la posibilidad de que el nuevo esquema propicie actos de corrupción.
Vianey Mora también expresó su preocupación por el hecho de que la nueva agencia quedaría al margen de la regla fiscal y de la Ley Marco de Empleo Público, situación que, en su criterio, compromete el control del gasto y la transparencia en su gestión.
Coalición Agenda Ciudadana señala vacíos técnicos
La diputada de Coalición Agenda Ciudadana Claudia Dobles también llamó a revisar el texto antes de su aprobación definitiva y expuso deficiencias puntuales en la arquitectura institucional que propone.
«La junta directiva de la ANAPP tendría una integración absolutamente política y poca participación técnica», advirtió Claudia Dobles, legisladora de Coalición Agenda Ciudadana.
Claudia Dobles agregó que el proyecto carece de precisión respecto a las atribuciones de la nueva agencia. Tampoco incluye, según indicó, mecanismos claros para determinar las tarifas aplicables a los servicios públicos que se desarrollen dentro del marco de las alianzas público-privadas.
El expediente tendrá que transitar nuevamente por comisión para resolver esas y otras observaciones pendientes antes de ser convocado al segundo y definitivo debate en el plenario.
