La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, este 26 de mayo, el proyecto de ley 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, con el respaldo de 27 diputados frente a 24 que votaron en contra.
La iniciativa introduce cambios estructurales en la organización del sector eléctrico costarricense, al incorporar nuevas reglas de operación, mecanismos de mercado y mayor competencia en ciertas actividades, sin eliminar las obligaciones de servicio público, continuidad y acceso universal.
Qué cambia para el ICE con la reforma eléctrica
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantendría su rol como transmisor nacional, generador eléctrico y participante del mercado nacional y regional bajo el nuevo marco legal.
Sin embargo, el proyecto le quitaría al ICE la función de operar técnicamente el sistema de manera simultánea a su participación comercial en el mercado eléctrico, una separación que los impulsores del proyecto presentaron como un principio de neutralidad institucional.
De forma transitoria, el ICE seguiría como operador del sistema mientras la nueva entidad creada por la ley, denominada ECOSEN, entra plenamente en funcionamiento.
Qué es ECOSEN y cuál sería su función
ECOSEN sería una institución pública autónoma creada específicamente para operar el sistema eléctrico nacional de forma independiente a los actores comerciales del mercado.
Entre sus funciones estarían la administración del mercado eléctrico, el despacho económico, la coordinación técnica del sistema y la gestión de las transacciones del mercado.
El objetivo declarado de su creación es separar institucionalmente la función de operar el sistema de la función de competir en él, algo que actualmente realiza el ICE de forma conjunta.
Liberación Nacional y Frente Amplio votaron en contra
Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) rechazaron el proyecto y salieron en defensa del ICE, argumentando que esa institución representa una de las grandes obras históricas de su partido.
Por su parte, los legisladores del Frente Amplio (FA) también se opusieron, con el argumento de que la reforma eléctrica únicamente beneficiaría a un grupo reducido de familias con poder económico en el país.
La aprobación en primer debate obliga al proyecto a pasar por un segundo debate antes de convertirse en ley de la República, por lo que el texto aún enfrenta otra votación en el plenario legislativo.
