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Tres diputados del Partido Liberal Progresista presentaron una propuesta de ley para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica, denominada “Modificación de la Ley N.º 7092 Ley del impuesto sobre la renta, del 21 de abril de 1988, para la inclusión de Costa Rica como jurisdicción cooperante en materia fiscal de la Unión Europea (UE)”.
La propuesta busca hacer las reformas necesarias para cumplir con los estándares de transparencia que solicitó la Unión Europea a Costa Rica en febrero del 2023, cuando la calificó como una jurisdicción no cooperante en material fiscal, y la incluyó en su lista negra de países no cooperantes. El proyecto introduce el requisito de “sustancia económica”, que significa que ciertas entidades en Costa Rica deben demostrar que tienen actividad económica en el país.
Si no demuestran el cumplimiento del criterio de “sustancia económica”, se considerarán como entidades “no calificadas” y deberán pagar impuestos sobre las rentas pasivas que generen en el exterior. El proyecto también busca definir las reglas claras para la tributación de rentas pasivas extraterritoriales, sin renunciar a la territorialidad.
Esta propuesta también incluye la reducción de la tarifa del Impuesto sobre las Utilidades de un 30% a un 27% para promover la inversión, la empleabilidad y la recaudación del tributo, y desmotivar la evasión y elusión fiscal. La propuesta se basa en un estudio de Pierre Bachas y Mauricio Soto que demuestra que la recaudación no aumenta con el establecimiento de tarifas muy altas.
La diputada Johana Obando señaló que el proyecto contempla reformas necesarias para que Costa Rica logre salir de la lista gris de la Unión Europea y acatar la transparencia fiscal como miembro de la OCDE.
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