Bienvenidos al Acontecer Matutino de Acontecer.co.cr. Arrancamos este jueves con un panorama político agitado: los primeros días del gobierno de la presidenta Laura Fernández estuvieron marcados por polémicas institucionales, señalamientos cruzados y una acumulación de frentes abiertos que pusieron a prueba a la nueva administración desde el arranque.
El escenario del jueves 21 de mayo de 2026 estuvo dominado por al menos cinco conflictos simultáneos que involucran a ministros, diputadas, el Ministerio Público y el sector magisterial. Esto es lo que necesita saber esta mañana.
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Lo que trae el Acontecer Matutino de este jueves: cinco temas que marcan el inicio del gobierno Fernández
La prohibición de ingresar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos a reuniones en Casa Presidencial se convirtió en el tema más candente de estos primeros días.
Las diputadas Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, denunciaron que sus dispositivos fueron requisados al ingresar al encuentro, mientras que los ministros presentes los usaron libremente durante la reunión.
La presidenta Laura Fernández defendió el protocolo con un refrán: «El que se quema con leche hasta la cuajada sopla», vinculando la medida a supuestas grabaciones secretas registradas en administraciones anteriores.
Sin embargo, el equipo del expresidente Carlos Alvarado Quesada desmintió categóricamente que durante su gobierno se hubiesen confiscado dispositivos en reuniones similares, profundizando así la controversia alrededor del nuevo protocolo.
Rodrigo Chaves acumula frentes como ministro
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, acumuló múltiples señalamientos en estos primeros días del gobierno Fernández.
La diputada liberacionista Janice Sandí, del Partido Liberación Nacional por Cartago, acusó a Rodrigo Chaves Robles de expresarse de manera inapropiada contra la Caja Costarricense de Seguro Social y el Colegio de Médicos durante una reunión celebrada en Casa Presidencial.
En paralelo, el fiscal general Carlo Díaz solicitó archivar 77 de los 125 procesos penales que pesaban sobre Rodrigo Chaves Robles, citando atipicidad en 65 de ellos. No obstante, el ministro aún enfrenta 48 investigaciones activas.
El episodio más llamativo lo reveló el diputado del Frente Amplio José María Villalta: durante el primer encuentro formal de Rodrigo Chaves Robles con esa fracción legislativa, el ministro se habría referido a la presidenta Laura Fernández llamándola «señora ministra».
«Señora ministra», habría dicho Rodrigo Chaves Robles al referirse a la presidenta Fernández, según reveló José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
Jupema pide rechazar proyecto de pensiones del Ejecutivo
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Jupema, encendió las alarmas en la Asamblea Legislativa al denunciar formalmente que el proyecto de ley número 24.786, presentado por el Ejecutivo el 11 de mayo, contiene vicios de constitucionalidad.
La organización sostuvo que la iniciativa atenta contra los derechos adquiridos de cientos de docentes pensionados, y pidió directamente a los diputados votar en contra de la propuesta.
Este choque entre el gobierno de Laura Fernández y el sector magisterial marca una de las primeras tensiones legislativas de la nueva administración del Partido Pueblo Soberano.
Denuncia contra el fiscal general por caso Barrenador
La diputada de Pueblo Soberano por Heredia, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, quien ejerció como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, presentó una denuncia formal ante la Inspección Judicial contra el fiscal general Carlos Díaz.
Marta Esquivel acusó a Carlo Díaz de adelantar criterio en el denominado caso Barrenador, relacionado con presuntos sobreprecios en la adquisición de equipos médicos, sin contar con peritajes concluyentes.
La denuncia tensó desde el arranque la relación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público en esta nueva administración.
Fernández firma ley del tren eléctrico de pasajeros
En medio de la tormenta política, la presidenta Laura Fernández encontró un momento para marcar un hito en materia de infraestructura pública al firmar la ley para el financiamiento del tren eléctrico de pasajeros.
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, aseguró que el proyecto modernizará la movilidad en la Gran Área Metropolitana con un sistema ferroviario seguro y eficiente.
La firma representa una de las primeras acciones concretas del gobierno Fernández en respuesta a miles de trabajadores que enfrentan a diario el caos vial en el centro del país.
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