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El Salvador aprueba reformas para incrementar penas a líderes de pandillas

Nayib Bukele

Se estima que actualmente hay más de 71,770 personas detenidas

Internacionales Acontecer.co.cr

El Congreso de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, aprobó una serie de reformas a la ley contra el crimen organizado que incrementan las penas para los líderes de las pandillas conocidas como maras, la medida busca fortalecer la lucha contra la delincuencia y reforzar el sistema judicial en el país, dicha sentencia máxima pasará de 45 a 60 años de prisión

Una de las principales reformas aprobadas establece la realización de procesos penales por grupo o célula de pandilla, en lugar de casos individuales. Esto permitirá agrupar a los detenidos en el contexto del régimen de excepción en estructuras delictivas, agilizando así el proceso judicial y evitando que los miembros de estas pandillas salgan en libertad de manera más rápida.

La medida fue aprobada con 67 votos a favor de un total de 84 parlamentarios. Sin embargo, algunos diputados de oposición manifestaron su preocupación por esta reforma, argumentando que podría representar un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están esperando un proceso penal justo. Consideran que agrupar a los detenidos en estructuras de pandillas podría violar el debido proceso y perjudicar a personas inocentes.

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A pesar de las críticas, la mayoría de los congresistas respaldaron la reforma como una medida para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y agilizar los procesos judiciales. Se espera que esta medida ayude a reducir la impunidad y garantizar una mayor eficiencia en la administración de justicia en el país.

El Salvador enfrenta un grave problema de violencia y crimen organizado, con altos índices de pandillas y delitos asociados. La aprobación de estas reformas es parte de los esfuerzos del gobierno por combatir la delincuencia y mejorar la seguridad en el país. Se estima que actualmente hay más de 71,770 personas detenidas y las denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción alcanzan al menos 5,490 víctimas directas.

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